Propuesta de Programa Nacional de Tierra y Libertad
Con aportes del Primer CEN
“Tierra y Libertad surge para democratizar el país y por ello deberá renovar la cultura desde nuevas prácticas políticas, construyendo un país plurinacional y pluricultural. Es una tarea difícil pero no imposible. Vamos a hacerla todos los peruanos que creemos en valores fundamentales como la justicia, la paz, el respeto de los derechos humanos, la diversidad, los derechos ecológicos, la lucha contra la corrupción, la alegría y la felicidad en la que los peruanos queremos y tenemos que aprender a vivir. Los que vienen detrás de nosotros tienen que saber que hubo una generación que no se prestó a un capítulo más de la depredación de nuestros ecosistemas ni abdicó frente a la corrupción, el abuso y la prepotencia de oscuros líderes políticos.
Devolvámosle la fe a todos y todas los peruanos, especialmente a los más jóvenes y a los más pobres. Para esto hemos creado Tierra y Libertad, para que nuestra tierra esté libre de opresión, de desigualdad, de discriminación, de tristeza y desánimo.”
Marco Arana Zegarra
Militante de Tierra y Libertad
INTRODUCCIÓN
Tierra y Libertad es un movimiento político en proceso de construcción cuyo primer hito partidario lo constituirá el Congreso Fundacional a realizarse en el mes de abril del 2010. Actualmente, se articula por un conjunto de principios que sirven como grandes horizontes de comprensión, compromiso y acción para sus militantes, siendo así un espacio amplio que acoge la diversidad y los anhelos libertarios de mujeres y hombres del Perú convencidos de la necesidad de construir un Perú democrático, plurinacional con justicia social y ecológica.
En esa orientación, el programa político nacional de Tierra y Libertad se constituirá en la base de la pedagogía y la acción política transformadora, a la vez que se enriquecerá de los aportes de esa práctica. El presente documento contiene el primer avance de Programa nacional de Tierra y Libertad debatido y aprobado en el Primer Consejo Ejecutivo Nacional (CEN).
Entendemos el programa político nacional como el conjunto de las propuestas claves de transformación de la realidad peruana para lograr y asegurar el Buen Vivir para las generaciones actuales y venideras de la diversidad de culturas. Propuestas que se inspiran y se orientan por los principios del movimiento y que responden al estudio de los principales problemas y posibilidades que encara la construcción social de ese Buen Vivir en un horizonte de largo plazo. Es un programa de largo plazo, responde al devenir de las más importantes coyunturas políticas del país y de la acción, responde a las demandas y anhelos de los diversos actores sociales del país que buscan abrir un nuevo curso histórico.
El programa, y su construcción, para el movimiento Tierra y Libertad busca ser una ruta, un camino, un proceso buscando también expresar una nueva forma de entender la política y de construir una nueva cultura política. Lejanos estamos de entender el programa como una oferta meramente electoral, o tecnocrática, o circunscrita a un plan de gobierno no obstante ser base de nuestras propuestas de gobierno. Tierra y Libertad ha surgido de la articulación de diversos actores que tienen un anclaje en las luchas sociales de nuestro país, que ejercen gestiones democratizadoras desde los gobiernos locales y que aspiran a constituir un espacio de articulación, acción y representación política nacional. Nuestro programa no puede ser sino resultado de un amplio diálogo e interpelación mutua con esta multiplicidad de actores sociales y políticos y resultado de las exigencias propias de nuestro tiempo, de las estrategias y tácticas y de nuestra propia comprensión de lo político.
I. CONSTRUCCIÓN DEL BUEN VIVIR
1. Vida digna con justicia social, relaciones de igualdad entre los seres humanos y la naturaleza, ampliación de libertades tanto individuales como colectivas, y políticas de bien común.
Buscamos que todas las personas y todas las culturas logren una vida digna, en un marco de efectiva justicia social, de relaciones respetuosas entre los seres humanos y la naturaleza, de ampliación de las libertades tanto individuales como colectivas, y de política dignificada en el servicio al bien común.
Para construir el buen vivir en nuestro planeta y nuestro país, nos sumamos a las corrientes políticas críticas frente al neoliberalismo y el estatismo como políticas de Estado, al patrón de acumulación capitalista como forma socio-cultural y económica dominante, y a la lógica del consumismo que conlleva el afán de vivir mejor, lo que en su conjunto está poniendo en riesgo la propia existencia de la humanidad. Estados Unidos, China y la Unión Europea, países responsables de la mayor emisión de gases de efecto invernadero, aceleradores del cambio climático, ponen en evidencia el carácter destructor de esas políticas y patrones económicos y socio-culturales.
Para construir el buen vivir en el Perú luchamos por superar la profunda desigualdad económica, la discriminación social y cultural, y la exclusión de los pueblos indígenas por parte del Estado. Reconocemos a los sectores populares urbanos y rurales, a las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como a los pequeños y medianos empresarios como los principales actores en la construcción de posibilidades alternativas y plurales de buen vivir, impulsando desde ahora, con sus líderes y liderezas, la democratización de la sociedad, de la economía y del sistema político a lo largo y ancho del país, de la región y del municipio.
Para construir el buen vivir en el Perú trabajamos por la dignificación de la política como servicio al bien común y de los partidos como centros de orientación política y de formación de cultura cívica, por la renovación democrática y descentralista de los partidos políticos en contracorriente a la instrumentalización de la política como negocio privado y al caudillismo, autoritarismo y centralismo que caracteriza a la mayoría de las fuerzas políticas en el país. Trabajamos por profundizar el orden democrático en contracorriente a toda tentación violentista y dictatorial venga de donde venga.
2. Derecho universal a agua, educación y salud de calidad, en un marco de igualdad y diálogo intercultural.
Buscamos que todas las personas y todas las culturas tengan derecho a agua, educación y salud de calidad, en lucha contra la privatización de sus servicios, que condenan a la pobreza y marginación socio-política no sólo a la mitad de las actuales familias peruanas, sino también a sus futuras generaciones.
Para impulsar este cambio radical nos proponemos luchar por el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano. Radical porqué enfrentará los poderosos intereses de los grandes grupos económicos por acceder a un mayor volumen de agua y/o a realizar actividades extractivas en nacientes de aguas, en perjuicio del derecho de consumo de las poblaciones, con lo que se incrementarán los conflictos como consecuencia de una menor disponibilidad de agua dulce derivada del cambio climático en curso.
Nos proponemos que todas las personas tengan acceso a servicios públicos de educación y salud de calidad, que se basen en el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural (idioma, filosofía y prácticas) y sexual. La educación debe motivar y centrarse en los procesos de aprendizaje, mejorando y trascendiendo la labor en las aulas escolares, pasando a ser asumida por todos los agentes educativos – maestros, padres, medios de comunicación, sociedad en su conjunto – concertadamente. La educación debe orientarse a que se forme a las futuras generaciones en una visión histórica y crítica, con capacidad propositiva, emprendedora y ciudadana, en el respeto a la naturaleza y a la práctica del aprendizaje intercultural. La salud debe ser abordaba desde un enfoque integral – física y mental, salud personal y pública, preventiva y curativa, moderna y ancestral, general y por grupo de edad – y como parte de la promoción y defensa de los derechos de los y las enfermas a un trato amigable y digno. En esa perspectiva hacemos nuestro las propuestas del Proyecto Educativo Nacional y del Foro Salud.
Entendemos estos aspectos como prioritarios en las políticas y presupuestos públicos, especialmente en cuanto a la inversión en mejores condiciones y desarrollo de capacidades humanas que hagan realidad el aseguramiento universal del acceso a la educación y la salud de calidad, en el marco del respeto y el diálogo intercultural. Impulsaremos el diseño, ejecución y evaluación de planes de mejoramiento de calidad de la educación y de la salud, a nivel nacional y descentralizadamente, con la participación organizada de los padres y madres de familia, de la comunidad campesina/nativa si es el caso, y de los maestros/as, que incorpore incentivos que premien los mejores resultados de los centros de educación y salud.
Así mismo, planteamos Programas Locales de Servicios Integrados – educación, salud, alimentación, capacitación productiva – articulados al gobierno municipal y con consejos directivos participativos y transparentes, para niños, niñas y adolescentes, así como a adultos mayores y personas con discapacidad.
3. Igualdad de los derechos civiles, políticos, culturales y laborales, sin discriminación alguna. Implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Buscamos que a todas las personas y a todas las colectividades les sean reconocidas sus derechos civiles, políticos y culturales. Por la igualdad del derecho a la identidad étnica, cultural, sexual, de género y de los jóvenes, así como por el establecimiento de medidas contra toda forma o práctica de discriminación. Por un Estado Laico, es decir, que no se compromete con ningún credo o institución religiosa.
Luchamos por el respecto irrestricto de los derechos civiles, políticos y culturales. Frente al autoritarismo creciente luchamos por la libertad de expresión, por la defensa irrestricta de los derechos y la afirmación de los deberes ciudadanos, la resolución democrática de los conflictos sociales, contra todo intento de resolverlos por la vía armada, de criminalizar la protesta y de penalizar de por sí a las dirigencias de las organizaciones en lucha. Frente a las políticas de colonización y mercantilización cultural luchamos por la defensa de la identidad, la diversidad y el patrimonio cultural, y el reconocimiento a los derechos de autor y de propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales colectivos.
Implementaremos las principales recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, acto de justicia social pendiente con las víctimas civiles de la violencia política y para que no repita.
Derecho de los y las trabajadores a un salario para una vida digna. Restablecimiento de los derechos laborales que la política neoliberal y el autoritarismo gubernamental recortaron, especialmente los derechos de organización y de libertad sindical, de huelga y de negociación colectiva. Restricción y supervisión efectiva a la subcontratación mediante la modalidad de servicios no personales, a fin de que no se violen los derechos básicos de los trabajadores.
Erradicar el trabajo infantil y la explotación sexual así como el trabajo en situación de servidumbre o semi-esclavitud. Eliminar toda forma de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo, especialmente en lo que afecta a las mujeres, las personas con alguna discapacidad, jóvenes, adultos mayores y personas con VIH, sida, TBC y otras dolencias generadoras de marginación social. Garantizar la formación de capacidades para el trabajo, la jornada máxima de trabajo, la protección de los trabajadores autónomos, la seguridad y salud en el trabajo, la protección del salario de los trabajadores, la protección contra el desempleo y la seguridad social en salud y pensiones.
4. Acceso a la justicia, en condiciones de igualdad y de diálogo intercultural, en el marco de un poder judicial independiente de los poderes políticos y económicos.
Buscamos que el acceso a la justicia sea en condiciones de igualdad y en el marco de la transparencia en la administración de la justicia, y que el sistema de justicia reconozca plenamente el derecho consuetudinario de las poblaciones indígenas en la concepción y administración de justicia
Para impulsar ese cambio, luchamos porque el Estado provea de servicios de defensa calificados a quienes no tienen capacidad de remunerarlos y porque se elimine la influencia de los poderes políticos y económicos en las decisiones judiciales que derivan en evasión o sentencias benévolas para los poderosos y sentencias injustas o prolongadas para los ciudadanos a pie. Así mismo, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en la elección y vigilancia de jueces y fiscales. De lo que se trata es de procurar equilibrar los desbalances en el acceso a la justicia por razones de orden económico, ambiental, social, educativo, geográfico, cultural y de toda índole.
Nos proponemos profundizar el reconocimiento del derecho consuetudinario en la concepción y el sistema de administración de la justicia, de tal modo que se reconozca las formas no occidentales de resolución de conflictos no sólo en términos declarativos, sino como una práctica intercultural integradora de la cultura de las poblaciones indígenas, de las formas de justicia comunal y de paz, que resuelva las tensiones culturales que puedan existir con el sistema universal de los derechos humanos. Así mismo, un tratamiento judicial y penitenciario respetuoso de las culturas indígenas.
Proponemos un Código de Justicia Ambiental, con fuero propio y especialización administrativa que organice y amplíe el reconocimiento de los atentados contra el ambiente y les otorgue el nivel de sanción correspondiente, integrando la perspectiva ambiental de manera directa y asimismo trasversal en el sistema judicial peruano. En tal sentido, en el plano internacional, trabajaremos por la constitución de una Corte Internacional de Justicia Ambiental.
5. Lucha frontal a la corrupción: tolerancia cero e imprescriptibilidad
La lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de la administración pública debe comprender a los que se encuentran dentro y fuera del sistema público – a los corruptores y a los corruptibles -, con especial énfasis en los denominados delitos de cuello blanco. Reformaremos el marco legal, penal y administrativo así como priorizaremos campañas de movilización ciudadana hacia la búsqueda de tolerancia cero a la corrupción. Estableceremos que los delitos por corrupción no prescriben.
La presentación de declaraciones juradas de bienes e ingresos alcanza a toda autoridad o funcionario(a), y ante la existencia de indicios fundados de enriquecimiento ilícito o desbalance patrimonial corresponderá su separación del sector público, fuera de las acciones penales respectivas. En caso se trate de funcionarios en funciones directivas quedarán inhabilitados de ejercer función pública alguna.
Las personas naturales y/o jurídicas, o sus representantes, que se encuentren coludidas en casos de corrupción, perderán toda posibilidad de relacionarse económicamente con el Estado, fuera de las sanciones judiciales que correspondan. Juicio y anulación de los contratos de aquellas empresas nacionales y extranjeras que se encuentren coludidas en casos de corrupción. Obligatoriedad de transparencia de la información económica financiera de éstas.
6. Seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo
Buscamos garantizar la seguridad ciudadana en todos los ámbitos del país, desarrollando sistemas de seguridad ciudadana que sean adecuadas a la realidad distrital. Sistemas que incorporen a las organizaciones sociales con funciones de seguridad - comités de autodefensa, rondas urbanas, vecinales y campesinas - , el serenazgo municipal, en un marco concertado con la autoridad municipal y policial. Participación y concertación que se dará en el marco del respeto a los derechos consuetudinarios de las diversas culturas y a la universalidad de los derechos humanos. Las empresas privadas de seguridad serán objeto de supervisión y en caso lo ameriten de denuncia penal, a fin de evitar que se extralimiten en el ejercicio de su función, especialmente haciendo uso de la fuerza.
La seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada es responsabilidad de la Policía Nacional, y sólo de manera excepcional las Fuerzas Armadas deben intervenir en ella, siempre bajo la dirección de la autoridad civil y cuando ésta lo determine utilizando los mecanismos constitucionales correspondientes.
La lucha contra el narcotráfico busca sanear la vida económica, política y social del país. Comprenderá políticas para atacar los puntos de mayor impacto en los diversos eslabones productivos y comerciales (oferta y demanda) al mismo tiempo que buscará mejorar tanto las condiciones de las poblaciones de los ámbitos productivos como su relación con el Estado.
La lucha contra el terrorismo se dará en los campos ideológicos, sociales y militares, con especial consideración de la mejora de las condiciones de vida y seguridad de las poblaciones del ámbito bajo su influencia, así como el fortalecimiento de las políticas de inteligencia, en el marco del respeto a los derechos humanos de la población y de los terroristas.
La superación de las condiciones logísticas y remunerativas del personal de las fuerzas policiales y su dignificación, son requisitos indispensables para el desarrollo de su labor. La formación y asimilación de los derechos humanos universales por parte de las y los actores de las fuerzas del orden es elemento igualmente consustancial para la profesionalización de su labor, y la empatía y el respeto de la misma por parte de la ciudadanía.
II. REFUNDACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA REPÚBLICA
7. Refundación democrática de la República con un Estado plurinacional, que priorice la construcción de relaciones políticas inter-culturales con los Pueblos y Comunidades Indígenas, dentro y fuera del Estado.
Buscamos construir una sociedad basada en el respeto a la libertad del individuo, de los derechos colectivos y la democratización de la sociedad en su conjunto. Buscamos construir una sociedad de democracia radical, con libertad y justicia tanto social como ambiental, reconciliada con el territorio en el que convive y con las culturas vivas que constituyen todas las sangres de nuestra peruanidad. Al mismo tiempo que buscamos la democratización del Estado en contracorriente a la subordinación de las culturas indígenas, al régimen presidencialista (patrimonial y centralista) y a su privatización por parte de los poderes fácticos.
Buscamos cumplir con la promesa y deuda histórica pendiente con los Pueblos y Comunidades Indígenas luchando por su incorporación plena en la comunidad política peruana, fundamento de la constitución del Estado en una sociedad pluricultural, por lo que dejando el molde liberal, criollo, patrimonial y oligárquico del Estado Nación que excluye a nuestros Pueblos originarios, planteamos la constitución de un Estado único Plurinacional que los incorpore como base de la refundación de la República Peruana.
Planteamos el reconocimiento de gobierno comunal en el ámbito de sus comunidades, en el marco del ejercicio de su derecho consuetudinario, y la coordinación del gobierno local respectivo con las comunidades para la aplicación de las políticas municipales en los ámbitos comunales. La inclusión política indígena en los tres niveles de gobierno: representación en los órganos de gobierno local, regional y nacional, considerando su importancia poblacional territorial así como su representación política directa en el Congreso de la República vía distritos electorales propios.
Proponemos el reconocimiento de la territorialidad y la autonomía indígena, reconocimiento para administrar justicia en el marco de los derechos humanos y culturales en su ámbito comunal y aplicación gubernamental obligatoria de la Consulta libre, previa, informada y de buena fe (Convenio 169-OIT) en los ámbitos local, regional y nacional. Institucionalización del Diálogo permanente entre Representantes del Consejo de Ministros y la Representación Indígena Nacional sobre todos los asuntos que les afecten. Recuperación del estatuto de tierras comunales imprescriptibles, inalienables e inembargables. Completaremos el reconocimiento de todas las comunidades y la titulación de la tierra comunal. Establecimiento constitucional de la prioridad nacional de la lucha contra la discriminación étnica racista y por la dignidad humana.
8. Planificación estratégica participativa, descentralización autonómica regional y ordenamiento territorial concertado incorporando el enfoque de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático
Buscamos que el Estado recupere los roles de planificador y ordenador tanto de los usos como de la conservación del territorio, de modo descentralizado, incorporando la participación de la comunidad pluricultural peruana y de cara a los desafíos que se desprenden de avanzar en la democratización de la sociedad, la economía y el sistema político, desarrollando ciencia y tecnología, en un contexto marcado por la incertidumbre de los impactos del cambio climático, de la implementación de los tratados de libre comercio y de la tendencia a la polarización política mundial y regional.
Por lo que impulsamos un sistema de planificación y gestión territorial descentralizada que incorpore el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, así mismo que genere, canalice y actualice información de calidad, oportuna y suficiente para alimentar los procesos participativos, la definición de lineamientos políticos y la elaboración de proyectos orientados a generar instrumentos para el desarrollo, ordenamiento e inversión estratégica regional e inter-regional. Un sistema que conduzca el proceso nacional de ordenamiento y acondicionamiento territorial concertado con las Asambleas de Presidentes Regionales y las Asociaciones de Municipalidades, asegurando la coherencia y consistencia con las visiones y lineamientos estratégicos definidos en los Planes Regionales de Desarrollo Concertado y los Planes de Ordenamiento Territorial-Regional aprobados. Pero también asegurando que se orienten a impulsar procesos de desarrollo sustentable, minimizando el riesgo de desastre, en una doble dimensión: que los proyectos no sean vulnerables a amenazas físicas – naturales, tecnológicas o socio-naturales y que a la vez los proyectos no generen riesgos nuevos o agraven los existentes (por su impacto en los eventos físicos o tecnológicos potencialmente peligrosos y/o en las condiciones de vulnerabilidad a los mismos).
Impulsaremos procesos sociales y políticos hacia la constitución de macrorregiones que se conviertan en verdaderos contra pesos e interlocutores del gobierno central. Trabajaremos por el reconocimiento del derecho y autonomía de cada Región para decidir su modelo de desarrollo o de Buen Vivir, en el marco de la descentralización fiscal y políticas de ordenamiento territorial nacional aprobadas en la Asamblea de Gobiernos Regionales. Por eso luchamos por Autonomías Regionales con condiciones políticas, institucionales, administrativas y jurídicas que le permitan gobernar sus propios recursos fiscales y fortalecer los procesos de participación y vigilancia ciudadana pluricultural, mediante la Asamblea de Delegados de la Sociedad Regional, en la gestión pública regional de tal modo que el Plan de Desarrollo Regional Concertado aprobado y el Plan de Ordenamiento Territorial Concertado tengan carácter vinculante en la priorización del Plan Regional de Inversiones Multianuales correspondiente al período de gobierno.
Promoveremos el fortalecimiento de gobiernos locales como promotores del desarrollo local, de la Asamblea de Gobiernos locales como órgano de aprobación de las decisiones de gestión territorial regional. Profundización de sus competencias políticas, presupuestales y técnicas de planificación participativa así como de gestión y ejecución de inversión pública para propiciar - directamente y mediante la mancomunidad municipal – mejoramiento de condiciones y de capacidades hacia un desarrollo local con buen vivir. Asignación preferencial presupuestaria a las Municipalidades Rurales y de Frontera, mediante un Fondo creado para tal fin.
Promoveremos la concertación de prioridades de desarrollo regional y local, con nivel de decisión autónoma del nivel de gobierno respectivo y donde las decisiones sectoriales se deriven de las prioridades de desarrollo regional y local concertados, ecológicamente sustentables. Establecimiento de presupuestos participativos multianuales de inversión pública, horizonte base para la planificación, gestión y vigilancia de los presupuestos participativos realizados mediante Asambleas de Delegados de la Sociedad Pluricultural Provincial o Distrital, según corresponda, elegida para el período de gobierno. Obligatoriedad de que el presupuesto multi-anual de inversiones municipales corresponda a los proyectos priorizados en los procesos de presupuestos participativos.
9. Democratizar la democracia: plural, representativa, participativa e intercultural, en un marco de ejercicio pleno de derechos y deberes ciudadanos, en igualdad de condiciones y relaciones respetuosas de culturas, de género, de opciones sexuales y de los jóvenes.
Buscamos democratizar la democracia como un acto de justicia social frente a la discriminación existente al interior de la sociedad, así como una forma democrática de gobernar frente al autoritarismo y la discriminación étnica cultural que tiende a reproducirse en las entidades de gobierno a todos los niveles. En esa perspectiva recogeremos lo mejor de las experiencias exitosas de democratización del ejercicio del poder local como los casos emblemáticos de Anta en Cusco, de San Ignacio en Cajamarca, de Santo Domingo en Piura, que se forjaron en lucha contra el centralismo y autoritarismo del gobierno de Fujimori.
Luchamos por una democracia que garantice el ejercicio pleno de los derechos y deberes ciudadanos comprometiendo su participación – individual y colectiva - en las decisiones de política pública que atañen a su modo de vida, en contracorriente a la democracia formal y delegativa que se centra sólo en la elección popular de sus gobernantes y representantes. Una democracia que garantice el respeto y la ampliación de libertades individuales y colectivas, en contra-corriente a la democracia que se basa sólo en las libertades individuales y una participación ciudadana que se reduce a un procedimiento formal.
Apostamos por una democracia plural, ajena a pensamientos únicos y todo tipo de dominación; una democracia en la que la diversidad se constituya en una fuente de diálogo, de debate fértil, de los necesarios acuerdos y desacuerdos, y hacia la concertación. Una democracia con mecanismos institucionalizados para canalizar, atender y derivar la resolución democrática de los conflictos, así como para identificar las lecciones políticas e institucionales que aborden los problemas de fondo para la prevención y reducción de los conflictos sociales.
Por una democracia que no pretenda dirigir la producción cultural, pero sí promover el encuentro y dialogo respetuoso entre las distintas culturas, garantizando oportunidades iguales a todas para su libre producción, distribución y consumo. Participación ciudadana desde el ámbito local y regional para el diseño, implementación y seguimiento de la políticas públicas referentes a la Cultura a través de lineamientos estratégicos consensuados que articulen al sector cultural con la población portadora de la cultura viva, el mercado y el Estado. Por el libre acceso, a la participación y el disfrute de la producción cultural, artística e intelectual.
Consulta y participación - ciudadana e intercultural – en la priorización, gestión y vigilancia de la inversión pública, la administración de la justicia y la seguridad ciudadana. La gestión pública debe estar en consonancia con los intereses de las mayorías, respetando a las minorías, y esto importa para construir mecanismos no sólo de control, sino de activa participación de la sociedad. Las políticas públicas y las iniciativas legales y legislativas deben ser puestas en permanente consulta con la población involucrada, y no manejadas por el yugo de unos pocos funcionarios o funcionarias estatales, cuya designación, incluso, no proviene de la elección popular. Revocatorias a todo nivel: Presidente y Vicepresidente de la República, Congresistas de la República, Presidente Regional, Alcalde Provincial y Distrital; y, en general todo cargo producto de la elección popular.
III. RECUPERACIÓN DE SOBERANÍA NACIONAL
10. Defensa del patrimonio nacional, participación del Estado en sectores estratégicos para el desarrollo sustentable, la defensa nacional y la promoción del desarrollo humano e intercultural
Buscamos recuperar la soberanía nacional frente al creciente proceso de transnacionalización de la propiedad de recursos y sectores que son estratégicos para el ejercicio de la soberanía nacional dentro y fuera del país, especialmente frente a escenarios futuros de riesgo.
Por lo que luchamos por cambiar la Constitución Política a fin de que se establezca que las concesiones no otorgan derechos reales a sus titulares y se elimine el artículo que otorga seguridad jurídica a la inversión mediante el otorgamiento de rango constitucional a los Contrato-Ley, lo que impide actualmente su modificación por parte del Congreso de la República. Así mismo, en casos de conflictos de uso del territorio a raíz de concesiones privadas, una vez concluido el proceso de participación ciudadana y la concertación entre los niveles de gobierno comprometidos, los conflictos se resolverán incorporando los resultados vinculantes de las consultas y referéndum ciudadanos.La revisión de los contratos mineros y petroleros.
Promoveremos las inversiones privadas nacionales con impacto en la generación de empleo en actividades sostenibles en zonas de menor desarrollo relativo y en armonía con el plan de ordenamiento territorial aprobado así como aquellas que fortalezcan las economías asociativas competitivas, mediante su asociación con las empresas comunales o cooperativas u otro tipo de asociación empresarial de la pequeña producción, de manera que puedan acceder a un tratamiento preferencial temporal respecto a la inversión extranjera. Recuperación de la capacidad jurídica del Estado denunciando y reformulando el capítulo de inversión - que obliga a tratamiento igual de la inversión nacional y extranjera – sin salvedad alguna, de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y con China.
Las inversiones extranjeras gozan de igual tratamiento, salvo en las actividades donde por consideraciones de interés público vinculadas a la promoción del desarrollo interno y a razones de seguridad nacional, la Ley establezca tratamiento diferencial temporal. El Estado se reserva determinados sectores de la economía considerados de importancia estratégica para la seguridad interna y externa, a fin de ser manejados exclusivamente por el Estado o bajo formas asociadas con el sector privado, en las cuales tenga el Estado participación mayoritaria.
11. Gestiónintegrada, descentralizada y concertada del agua en el marco de políticas públicas aprobadas por los gobiernos regionales y locales comprendidos en la cuenca hidrográfica, previa consulta ciudadana y de cara a los desafíos derivados del cambio climático.
Buscamos que la gestión del agua, a lo largo y ancho de las principales cuencas hidrográficas, permita asegurar el acceso universal al agua de calidad y la conservación de la biodiversidad que genera y requiere para la reproducción del ciclo del agua, no sólo para las generaciones actuales sino también para las venideras. Consideramos imprescindible cambiar la actual gestión que tiende a privatizar el servicio y definir la resolución de conflictos por el agua a favor de los poderosos grupos económicos, violentando así las condiciones de producción y reproducción de las poblaciones y empresas productivas locales y regionales. Imprescindible para anticipar y reducir los riesgos que conllevará el impacto del cambio climático en la disponibilidad, oportunidad y territorialidad del agua.
Gestión integrada, descentralizada y concertada del agua aplicando el enfoque de gestión sostenible de cuencas hidrográficas. Entidad nacional rectora del agua y Autoridades Administrativas Regionales de Agua con Consejos Directivos conformados por entidades sectoriales regionales, de gobiernos provinciales, de organizaciones de usuarios y de Comunidades Campesinas y Nativas. A nivel de la infraestructura hidráulica mayor y de los sistemas de abastecimiento de agua potable: inversión pública y gestión pública de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, con participación de las organizaciones de usuarios. Definición de políticas de aseguramiento de la conservación, disponibilidad y uso equitativo del agua, con enfoque de gestión de cuencas (forestación y reforestación, políticas de protección de cabeceras de cuencas). Prioridad del uso del agua para consumo humano, y en los usos productivos del agua, establecimiento del siguiente orden de prioridad: agro y agroindustria, turismo y acuicultura, industrial, energía y minería, otros.
12. Inversiones públicas y privadas reguladas con evaluaciones ambientales, remediación de pasivos ambientales, consultas previas y con planes de ordenamiento territorial de carácter vinculante.
Buscamos recuperar la capacidad y soberanía jurídica del Estado peruano para regular las inversiones públicas y privadas frente a la tendencia de privilegiar la promoción de la inversión privada a costa de disminuir la capacidad efectiva reguladora e imparcial que corresponde a un Estado constituido para asegurar el bien común. La privatización de las políticas estatales a favor del núcleo corporativo en el sector energía, hidrocarburos y minería es la mayor fuente de conflictos sociales en el país; lo que se agravará con la implementación del TLC y el cambio climático.
Por lo que planteamos una política de inversiones regulada y consistente con los procesos de desarrollo territorial con justicia social, libertad y buen vivir. Toda inversión privada y pública debe cumplir, sin excepción ni privilegios, con las obligaciones tributarias, laborales, medio ambientales y respetar los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Impulsaremos la reforma constitucional de la relación entre el Estado y la inversión en minería e hidrocarburos, hacia la recuperación del interés público así como de la soberanía jurídica del Estado peruano. Para lo cual se denunciará y reformularán los capítulos de inversión y medio ambiente de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y China. El Estado debe resguardar el verdadero interés público, los derechos de las comunidades y pueblos indígenas así como el desarrollo sostenible.
Regulación de la inversión privada y pública a partir de las evaluaciones ambientales previas, las consultas, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial concertados y de la normativa correspondiente. Esto implica en el sector de energía, hidrocarburos y minería, el establecimiento de zonas de explotación bajo condiciones reguladas y de zonas restringidas – sin explotación en minería y/o en hidrocarburos- en razón del alto impacto social, ambiental y cultural en la(s) cuenca(s) hidrográfica(s) involucrada(s). La determinación de las zonas con y sin minería y/o hidrocarburos, incorporará en sus consideraciones los resultados de la evaluación estratégica del impacto socio-ambiental de los proyectos de inversión en la(s) cuenca(s) involucrada(s), los resultados de las Consultas Previas a los Pueblos y Comunidades Indígenas del ámbito de influencia y las Consultas Vecinales de las municipalidades involucradas de la(s) cuenca (s) de la zona en cuestión, las que tienen carácter vinculante. Lo que tiene como pre-requisito la suspensión de las concesiones en estos sectores.
Así mismo, se exigirá la remediación de los pasivos ambientales que han quedado y funcionan como fuente de contaminación de aguas, suelos y ambiente, afectando la salud y permanencia de las poblaciones en el ámbito de su influencia. Se revisarán los contratos con exoneración de pago de impuesto a la renta, y se aplicará el impuesto a la sobreganancia.
IV. PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESCENTRALIZADO
13. Economía descentralizada generadora de empleo digno y de soberanía alimentaria, impulsada por una industria transformadora de nuestra biodiversidad, y articulada a los mercados internos e internacionales.
Buscamos que el patrón de desarrollo económico tenga capacidad para sustentar la reproducción de la sociedad peruana en todos los ámbitos del país, a base de una economía diversificada impulsada por políticas de Estado y activada por núcleos mayormente privados industriales de alto valor agregado y articuladas a los mercados internos e internacionales, en contracorriente al patrón económico primario, exportador, de sesgo centralista y transnacional del actual modelo neoliberal. En esta economía diversificada tendrán importancia no sólo las economías capitalistas reguladas por las políticas públicas, sino también las economías del autoempleo y la microempresa, de la pequeña producción y de las Comunidades andinas y amazónicas. En este segundo caso especialmente para promover su fortalecimiento según los fines a los que se orientan - seguridad alimentaria, articulación a los mercados y conservación ambiental -, en el orden de prioridad y en la combinación que se acuerden en los procesos de planificación participativa y concertada.
Por ello fortaleceremos el rol promotor del Estado en la economía nacional y se otorgará a los gobiernos regionales y locales competencias efectivas para promover el desarrollo económico en armonía al ordenamiento territorial e incorporando la gestión del riesgo de desastres; el fortalecimiento de las economías asociativas y la soberanía alimentaria, así como para crear áreas de conservación regional y municipal respectivamente, asegurar el manejo sostenible de las áreas naturales (es decir conservar y no degradar los ecosistemas de los ríos, lagos, lagunas, bosques y la biodiversidad) y velar por la intangibilidad de las reservas territoriales para los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
Promoveremos el cambio de la matriz energética en el país y la orientación del gas natural al abastecimiento interno, así como el acceso de las poblaciones a la energía eléctrica, eólico o solar, según las condiciones de factibilidad. Especialmente promoveremos servicios de comunicación modernos especialmente en las zonas rurales y urbano-marginales, y el desarrollo de vías de comunicación estratégicas para la articulación entre las regiones y de éstas a las ciudades intermedias, a los puertos y aeropuertos, en correspondencia a las prioridades del desarrollo territorial sostenible concertado. En particular promoveremos el desarrollo de los puertos ribereños en la amazonía hacia un sistema de comunicación fluvial así como carreteras que articulen a las zonas alto andinas y las comunidades ribereñas alejadas a las capitales distritales, en armonía con la ecología y su aspiración cultural.
14. Reactivación productiva del agro y las zonas rurales con fortalecimiento de la asociatividad de la pequeña producción comercial, las cooperativas y la gestión comunal, en un marco de innovación tecnológica y servicios de apoyo para el desarrollo, de uso y conservación de la biodiversidad, y de soberanía alimentaria
Buscamos fortalecer las dinámicas económicas que sustentan tanto la reproducción de las poblaciones rurales y sus posibilidades de vida digna y saludable (empleo, ingreso, empresa, ciudadanía), así como la producción industrial y de servicios articulados a ellas, y la necesaria soberanía alimentaria que requiere el país, especialmente ante el impacto del cambio climático y la tendencia de concentración de tierras por parte de las transnacionales.
El Perú debe basar su desarrollo sostenible en la investigación y aprovechamiento de la biodiversidad, asegurando la conservación de la misma, garantizando una producción diversificada y con valor agregado, orientada a la afirmación de la soberanía alimentaria, expandiendo los mercados internos y accediendo a mercados externos, fortaleciendo su diversidad natural y cultural. La actividad agropecuaria y las comunidades rurales tienen un lugar de primera importancia en las opciones alternativas de desarrollo con buen vivir.
Por eso luchamos por la promoción de políticas económicas y sectoriales orientadas al fortalecimiento de la pequeña producción y su asociatividad para fines de seguridad alimentaria y/o de negocios rurales en los diversos mercados (locales, regionales, nacionales e internacionales). Por el restablecimiento o incremento de la protección mediante franjas de precios y sobretasas de salvaguarda ante las importaciones subsidiadas en EEUU y en Europa, así como el control estricto en el ingreso de productos asiáticos con precios dumping o prohibitivos así como la prohibición del ingreso de alimentos transgénicos.
Lo que tendrá que acompañarse de la implementación de programas locales articulados de innovación tecnológica, de asociatividad - productiva, empresarial, local -, y de servicios de apoyo locales, que respondan a las prioridades y co-financiamientos concertados con participación de los/las productores/as organizados, hacia el fomento de la producción orgánica y el comercio justo, la agricultura y agroindustria con productos andinos y amazónicos. La agroindustria generando empleo digno, con respeto al ambiente, así como fortaleciendo a los campesinos y pequeños productores agrarios organizados y a sus instituciones comunales.
Restringiremos la concentración de tierras en propiedad de un grupo de empresas, procuraremos mecanismos de asociatividad de la pequeña propiedad o posesión y otorgaremos defensa legal de propietarios y posesionarios afectados en sus derechos de acceso a la propiedad de la tierra por maniobras u actos fuera de la ley.
15. Fortalecimiento de las microempresas y pequeñas empresas, con desarrollo de sus capacidades de eslabonamiento productivo-mercantil, en un marco de servicios de apoyo para su articulación a los mercados internos y externos, y para la generación de empleo digno
Buscamos fortalecer las capacidades competitivas de las modalidades y aglomeraciones empresariales con alta capacidad de generación de empleo e ingresos dignos a lo largo y ancho del país, tanto a nivel de las articulaciones dentro de la cadena productiva y con los mercados, así como a nivel de la eficiencia de los servicios que requieren esas articulaciones; en contrapeso al desmesurado fortalecimiento de la inversión transnacional y de los grupos económicos en la economía del país, especialmente en actividades extractivas y especulativas financieras.
Las micro y pequeñas empresas, así como toda forma de organización comunal o cooperativa con objeto productivo, son objeto de promoción en los ámbitos nacional, regional y local, mediante la garantía estatal de acceso al crédito, tributos no confiscatorios, registro de capacitación laboral de sus titulares y trabajadores, acceso a tecnología y medios de comunicación y la eliminación de barreras burocráticas. Especial prioridad tendrán las orientadas al mercado interno. La propiedad intelectual (patentes, biodiversidad, marcas etc.) y la propiedad real (la tierra) serán objeto de un programa estatal asistido de formalización y saneamiento físico legal respetando sus formas de propiedad. .Las micro y pequeñas empresas de base cultural, las tecnológicas, las conformadas preponderantemente por mujeres, jóvenes, adultos mayores personas con discapacidad, y las creadas por comunidades indígenas serán objeto de promoción y fomento prioritario.
Promoción de la participación de los representantes de las asociaciones de la mediana, micro y pequeña empresa en la definición y concertación de los Planes de Desarrollo Concertado y las políticas públicas relativas a su sector. Asimismo se promueva la articulación de la producción y provisión de bienes y servicios entre las diferentes categorías empresariales para la innovación tecnológica y la generación de economías de escala y encadenamientos locales, regionales y nacionales.
16. Impulsar el desarrollo de las industrias culturales: relanzamiento del turismo, fomentar y proteger la generación de ideas y la creatividad para el florecimiento de una economía sostenible.
Fomentar la protección y potenciación de las culturas vivas, aprovechando nuestra diversidad cultural, para impulsar las diferentes industrias culturales. Respaldar las iniciativas empresariales nacionales, frente a la hegemonía de las empresas transnacionales del entretenimiento y medios de comunicación y canales de exhibición adversos a su difusión y comercialización.
Impulso de un programa de desarrollo específico para las Pymes y asociaciones culturales. Promoción en ferias, festivales y eventos internacionales de las instituciones culturales líderes y de artistas representativos. Búsqueda de nuevos mercados para los productos culturales en los países con los cuales se han negociado tratados de libre comercio. Introducción de estándares de comercio justo en el área cultural y de producción artística. Programas de formación de públicos y consumidores, estudios de audiencias y mercados del arte.
Impulsar el crecimiento de una economía creativa fomentando la capacidad de crear contenidos creativos y para la innovación, transformarlos en bienes y servicios culturales bajo una marca y, encontrar la forma de distribuirlos en el mercado local y exterior. Impulsar en las universidades y centros privados la creación y la experimentación en las nuevas tecnologías de la información, la digitalización y el mundo virtual.
Que se sumen a las políticas de conservación y protección del Patrimonio Natural y Cultural, el poner en valor, difundir y generar productos turísticos a partir de sus potencialidades, de manera que no se trate de captar solamente pequeños segmentos especializados sino de incorporar nuevos activos como soporte para la actividad turística responsable, en el marco de una gestión para el desarrollo sostenible, tomando como base la promoción de servicios integradores – ecológicos, vivenciales, arqueológicos, históricos, artísticos, artesanales, gastronómicos, editoriales, audiovisuales, étnicos, festivos, curativos, recreativos, de aventura, deportivos – en los ámbitos de mayor potencial turístico y de identidad cultural.
Desarrollar programas de turismo que aseguren el respeto a los derechos y el beneficio de las comunidades y pueblos indígenas. Promoción de PYMES de turismo receptivo y la gastronomía en las mismas comunidades y las poblaciones urbanas de manera que los beneficios del turismo sean sobre todo para las poblaciones locales que, de tal manera además, mostrarán más interés en la protección del patrimonio cultural y natural.
Fortalecer la creación del Programa de Turismo Responsable a partir de la protección del patrimonio natural y cultural y el comercio justo en el desarrollo de las comunidades. Impulsar el Turismo Rural Comunitario: Agroturismo, Ecoturismo y Turismo vivencial. Supeditar el urbanismo, la industria inmobiliaria, las infraestructuras, hidrocarburos, minería, industria agroalimentaria, madera y otras actividades productivas y de servicios, al desarrollo turístico sostenible. Ordenamiento territorial del Patrimonio natural y cultural que limite los riesgos y conflictos con los espacios turísticos.
Incorporaral turismo nuevas actividades adicionales a las tradicionales para diversificar el servicio turístico y generar opciones económicas en zonas deprimidas del país.
17. Desarrollo científico y tecnológico, en particular asociado al aprovechamiento de la biodiversidad y al fomento del desarrollo industrial y de servicios, protegiendo los conocimientos de los pueblos indígenas, potenciando la innovación tecnológica e impidiendo la biopiratería.
Buscamos que el desarrollo y ampliación de capacidades de las personas, de las colectividades y de las empresas se sustente en un desarrollo científico y tecnológico apropiado de cara a los desafíos que encaramos como país y sociedad pluricultural, base en la que corresponde al Estado un rol promotor, así como en el impulso y la experimentación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Por lo que se promoverá ese desarrollo en particular asociado al aprovechamiento de la biodiversidad y al fomento del desarrollo industrial y de servicios, la minimización del impacto ambiental de las actividades e inversiones, la reducción de la vulnerabilidad a los riesgos de desastre asociado al cambio climático global, con especial énfasis en los sectores de mayor generación de empleo en actividades sostenibles y a los más vulnerables a los riesgos mencionados.
La inversión económica estatal en ciencia y tecnología debe ser una obligación de primer orden y no una excepción. La priorización del gasto público debe incorporarla, generando recursos mediante la implementación de los canon existentes, que asegure un financiamiento permanente para su desarrollo. Las investigaciones en ciencia y tecnología deben guardar estricta consonancia con el cuidado y conservación de la biodiversidad.
Se promoverá la generación de alianzas estratégicas con el sector privado y los sectores académicos. La apuesta por la ciencia y la tecnología desde el Estado, debe ir íntimamente relacionada con el desarrollo de los conocimientos humanísticos y la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación en todo el sistema educativo así como en la reforma universitaria a fin de que se articule y aporte propuestas tecnológicas de cara a los desafíos del país y de las regiones donde actúa. En especial se impulsará la investigación para procesar los productos nativos de la agro-biodiversidad para darles un valor agregado reconociendo la propiedad intelectual de las comunidades campesinas y nativas, así como el desarrollo de estudios y propuestas sobre nuevas formas de generación energética hacia un cambio de matriz que esté en armonía con los requerimientos de cada región y priorizando el mercado interno.
La lucha contra la biopiratería es, en tal contexto, una prioridad pues implica la defensa de nuestro patrimonio y el rescate de elementos importantes para nuestro desarrollo sustentable, así como la protección del patrimonio de las diversas culturas que cohabitamos en nuestro territorio.
V. INTEGRACIÓN REGIONAL HACIA UN MUNDO MULTIPOLAR
18. Política internacional orientada a la multipolaridad política, la integración democrática latinoamericana y la defensa de la paz
Por una política exterior que represente los intereses nacionales y la estrategia de desarrollo del país. Recuperar el referente nacional de la política exterior no supeditándose a los intereses geopolíticos de ningún país extranjero. No permitiremos intervención de ningún gobierno en la política interna del país. Desarrollo de capacidad disuasiva; en lo inmediato: apoyo y fortalecimiento a la comisión encargada de llevar la demanda ante La Haya. Establecer un preferente y permanente diálogo político con Brasil profundizando la integración económica y comercial, así como la cooperación en el campo militar, en la perspectiva de constituir un eje Atlántico-Pacífico entre nuestros dos países.
Por una política integracionista dentro de la Unión de Naciones Sudamericanas de Naciones (UNASUR) y buscando acercar la CAN y el MERCOSUR, en vía hacia la integración regional, entendiendo pragmáticamente que somos países cuya demarcación es nacida de la colonización, que la naturaleza no reconoce fronteras y que nuestros desarrollos sociales y culturales son ampliamente complementarios, si no similares.
Impulsaremos dentro del Consejo de Seguridad la consolidación de un sistema de seguridad acorde a las amenazas globales y regionales en particular. Consolidar el diálogo político, fomentar el intercambio cultural y científico, promover los flujos de comercio, inversiones y cooperación entre los países Andinos y de la Cuenca Amazónica, y el diálogo sur-sur a nivel planetario. Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Convenios Internacionales, asumiendo el liderazgo particularmente en relación al Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre Cambio Climático vinculado a la reducción de los gases de efecto invernadero por los países más industrializados.
Impulsaremos la lucha por el pago de la deuda ecológica por parte de los países más favorecidos por el modelo de desarrollo hegemónico y ya en crisis, particularmente para exigir los recursos necesarios para los esfuerzos de mitigación y adecuación ante los efectos del cambio climático. Haremos alianzas sólidas con los demás países afectados para el logro de las compensaciones debidas, exigiendo al mismo tiempo la reducción de los gases de efecto invernadero a los países o grupos de países con mayores niveles de contaminación.
Impulsaremos la captación de recursos de la cooperación internacional para su colaboración en acciones orientadas a la disminución de la exclusión, discriminación y desigualdad; la adaptación al cambio climático, la conservación del medio ambiente y la gestión de riesgos; los programas de cultura, interculturalidad y de la diversidad cultural; y la consolidación de los derechos humanos como compromiso universal.
Reforzaremos el sistema democrático y la defensa y protección internacional de los derechos humanos. Asistir, proteger y promover los derechos humanos, ambientales, culturales y laborales de los peruanos en el exterior.
El Perú es un actor de la paz internacional y propone eliminar el armamentismo. Exige transparencia internacional de todo arsenal y compra de armamento; sin embargo, frente a la política armamentista de algunos países vecinos mantiene una política de permanente denuncia ante la comunidad internacional y desarrolla sus fuerzas armadas con suficiente capacidad disuasiva.
Afirmamos nuestra particular vocación de relación amplia con los países actualmente proveedores de materias primas, generalmente ubicados en el sur, para promover relaciones de afinidad y complementariedad que denominamos sur-sur, y de búsqueda de nuevos paradigmas de desarrollo ajenos al modelo de desarrollo depredador hegemónico en el mundo.
Reconocemos un especial acercamiento con los países progresistas con el debido respeto a los procesos propios de cada país. Somos solidarios de todos los pueblos que luchan por su liberación de toda opresión, dictadura o acto de agresión, tal como el colonialismo o la invasión.
Abriremos nuestros brazos a todos los países del mundo que compartan nuestros objetivos de paz y bienestar sostenible y con justicia social y ambiental, para posibilitar la generación de lazos de cooperación, intercambio y amistad permanentes.
Llevaremos una política internacional respetuosa y exigente del respeto debido a nuestros procesos propios, con todos los países del mundo.
19. Política de defensa nacional
Los procesos de consolidación democrática que atraviesa Latinoamérica ha puesto en evidencia los enormes desafíos que la región debe enfrentar en su conjunto no solo para afirmar la democracia como modelo político que permita un mejor desarrollo para sus naciones sino también para lograr una mayor gravitación en las decisiones políticas globales que permitirá alcanzar una inserción más favorable en el mundo del siglo XXI.
Estos desafíos generan procesos que traen consigo cambios en los paradigmas del manejo y conducción de las políticas públicas de estado destinadas a garantizar el bienestar general de las sociedades a las que sirven. Una de estas políticas que está siendo objeto de los mayores cambios, o intentos de cambio, en las democracias latinoamericanas es sin duda la política de seguridad y dentro de ella la política de Defensa Nacional como parte integrante de la misma.
En ese sentido como política pública de estado se requiere como premisas de actuación de una conducción y gestión de la Defensa nacional enmarcada dentro de los parámetros de una democracia donde la conducción de la Defensa es ejercida por las autoridades legítimamente elegidas basada en la transparencia de las decisiones y acciones, el control de los organismos correspondientes y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios involucrados.
Proponemos una reforma en el sector Defensa que muestre en su desarrollo cuatro puntos de importancia en el tratamiento de la política de Defensa: en primer lugar fortalecimiento del ministerio de defensa como el rector de la política de defensa nacional donde la FFAA son los órganos ejecutores; en segundo lugar, una reforma del sistema remunerativo y pensionario de la FFAA a fin de otorgarles una mejor calidad de vida a sus integrantes; en tercer lugar un adecuado y planificado proceso de asignación de recursos para la defensa en el entendido de que una adecuada y eficiente asignación de los recursos destinados para la defensa nacional permitirán consolidar los objetivos planteados en la política de Defensa; y, finalmente, consolidar una nueva doctrina militar que se sustente en el irrestricto respeto a los DDHH y en la aplicación conjunta de sus componentes a través del fortalecimiento del comando conjunto de la FFAA que permita cumplir con los roles y misiones de nuestra FFAA tanto en la defensa nacional como en su proyección internacional al operar en las misiones de paz bajo mandato ONU.
Dentro de los aportes y recomendaciones del CEN quedan pendientes de desarrollar y/o incorporar lo relativo al tema urbano – ciudades y narcotráfico.
